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La Cecot demanda el Govern per la seva decisió de no retornar als consumidors de gas el reintegrament del sobre cost de CASTOR

Quarta sentència del Tribunal Suprem a favor de la Cecot que obliga al Govern a retornar les quanties cobrades en concepte de peatge destinades a finançar la conservació i el manteniment de les instal·lacions gasistes de CASTOR entre els anys 2014 i 2018.

Tot i haver guanyat la quarta sentència favorable en relació a les despeses de manteniment del magatzem CASTOR, la Cecot expressa la seva indignació amb el Govern de l’Estat, qui admet haver reintegrat prop més de 34,5M d’euros, suportats entre el 2014 i el 2018 pels consumidors de gas, en concepte de manteniment de les instal·lacions gasistes CASTOR, i qui afirma haver-los destinat a millores d’altres infraestructures gasistes mitjançant l’entitat estatal Enagás.

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Compromís ve «inaplazable» el desmantelamiento de las instalaciones de Castor por sus «elevados costes de mantenimiento»

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha defendido que «urgente e inaplazable» el desmantelamiento de las instalaciones del proyecto Castor por sus «elevados costes de mantenimiento».

Compromís ha señalado que las auditorías entregadas a la coalición reflejan una inversión de tres millones de euros en helicópteros y barcos tan solo entre 2014 y 2017 y que en poco más de cuatro años se han auditado gastos por valor de 42 millones de euros, ha detallado en un comunicado.

Carles Mulet ha acusado lo gobiernos del PP y del PSOE de ocultar «estas escandalosas cifras» y ha lamentado que «siguen sin iniciar un proceso de desmantelamiento al que se comprometieron, anunciaron en período electoral y del que a día de hoy no existe ninguna novedad más que gasto, gasto y más gasto para una obra que se ha demostrado inútil y peligrosa».

Fruto de la auditoría de Deloitte se ha conocido, según incide Compromís, que la empresa participada por el estado Enagás ha percibido 4,2 millones de beneficio industrial por gestionar estas instalaciones en su red. Ha destacado que «la firma mantiene una reclamación contra el Estado por valor de 50 millones, después que el Constitucional y Supremo anularan los cobros relacionados con las indemnizaciones a este proyecto como consecuencia del decreto de 2014 del gobierno del PP».

Para Mulet, «los clientes siguen pagando intereses y los costes relacionados con la hibernación de las instalaciones, lo que supone estar tirando dinero al mar por mantener un fiasco en pie que, encima de peligroso, es inútil y que tiene válvulas temporales que de están deteriorando al haber llegado al final de su vida útil, como queda claro en los documentos a los que ha tenido acceso Compromís, mientras el Gobierno sigue sin actuar».

Continua leyendo la noticia publicada en El Periódico de la Energía | 17/04/2020